Escribe: Ing. Rómulo Mucho, exviceministro de Minas.
Los primeros actos de gobierno del presidente Pedro Castillo, en el año bicentenario de la patria, cuando además se vive una crisis política y social, lejos de buscar la unidad y consenso político tiró al suelo las promesas de gobernar con transparencia para todos los peruanos. Así, lejos de ello, a puerta cerrada y de último minuto puso un gabinete encabezado por un radical, de afrenta, para forzar su censura e ir preparando el camino para cerrar el Congreso de la República hacia una Asamblea Constituyente.
Una gran mayoría de los peruanos, como los indican tres grandes encuestadoras, estamos convencidos que no se necesita una nueva Constitución política para superar las grandes brechas sociales. Y una buena parte sí considera necesaria una reforma parcial de la Carta Magna.
Ciertamente vivimos momentos de grandes transformaciones en el mundo para evolucionar rápidamente y ajustarnos a las nuevas demandas. Algunos rubros crecerán y otros irán en caída libre. En medio de esta turbulencia, el gobierno tiene la misión de atender con prioridad la salud, la reactivación económica y la generación de empleo, en lugar de insistir en una propuesta sin auténtico fundamento y conceptualizada en otras circunstancias del país y del planeta.
Los efectos
Este último viernes cayó la Bolsa de Valores de Lima, cayeron las acciones de empresas peruanas que cotizan en mercados extranjeros, cayeron los bonos peruanos, el dólar americano pasó la barrera de los 4 soles. Los productos de primera necesidad que dependen de las importaciones subieron. En otras palabras, empezó a quebrar la economía nacional, después del esfuerzo de más de dos décadas, de todos los peruanos para salir de la profunda crisis durante el primer gobierno de Alan García y sanear las arcas del Estado.
¿Qué hay por corregir? Resolver la disfuncionalidad del Estado, es decir, la ineficiencia y la corrupción, que no han permitido aprovechar el crecimiento macroeconómico de las dos últimas décadas para cerrar las brechas sociales; en salud, en educación y en servicios básicos.
El rol que ocupó la inversión privada fue clave para la recuperación de esa crisis nefasta de fines de los 80, que obligó a dejar la patria a muchos peruanos. La inversión privada de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas nos permitió un crecimiento económico que generó empleo e ingresos fiscales, haciendo posible que unos 8 millones de peruanos abandonaran la pobreza monetaria y pasaron a ser clase media.
Fueron dos las actividades productivas, eje: La minería y la agroindustria. Logramos un crecimiento económico promedio de 6% del PBI entre los años 2004 al 2013, un 3% encima del crecimiento mundial y el mayor crecimiento de América Latina.
Luego, se redujo a un 3% promedio entre 2014 al 2019, un 0.5% debajo del crecimiento mundial. Ya en el quinquenio 2011 al 2016 se descuidaron las inversiones, no salieron muchos proyectos mineros, que demandan años para su maduración. Además, creció el Estado y el gasto corriente, pero no se corrigió el aparato estatal, para que sea eficiente.
En el siguiente quinquenio, como ya sabemos, el país sufrió una crisis de gobernabilidad histórica con 4 presidentes, 3 en poco más de una semana, situación que fue agudizada aún más por la pandemia. Nuestra economía tuvo una caída del 11.12% del PBI, la mayor comparada con otros países.
Bueno, llega el bicentenario, se avanza con el inicio de la vacunación de las personas (16% hasta el momento), pero se ahonda en la crisis política que rápidamente afecta las canastas básicas de los más necesitados.
Minería
En minería, el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo, si bien difiere un poco del mensaje de campaña, al no mencionar “la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos y centros energéticos”, ahora menciona con el componente socialista, que “se promoverá la participación del Estado en la inversión, como lo hacen todos los países de la región como socio o ejecutor mayoritario”.
La actual Constitución Política no permite al Estado ser empresario, salvo en situaciones excepcionales, esto es así porque el Estado no ha demostrado ser buen empresario, y las cuentas de esos fracasos, terminamos pagando todos los peruanos.
En otra parte de su discurso, el presidente Castillo mencionó que “si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, frase difusa con aire estatista, también anunció que su gobierno está “dispuesto a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria…”, no reconoce que los recursos naturales son de la Nación y que su puesta en valor se da mediante concesiones que luego atraen inversiones. Un discurso que demuestra desconocimiento del sector.
La minería es demasiado importante para los peruanos, si la minería crece, el Perú crece.
Nuevos tiempos
En las dos últimas décadas de crecimiento económico, fue decisiva la participación de la minería. Representa en promedio cerca del 20% de la inversión privada, incluso llegó al 27%. La renta minera en la última década fue cercana a los US$ 30,000 millones, aun cuando muchos proyectos mineros no se desarrollaron por los conflictos sociales y falta de promoción desde el Estado.
En la década que se inicia este 2021, la minería nos coloca frente a una excelente oportunidad por el alza de los precios de los metales y el aumento de la demanda de estos, especialmente del cobre, que representa el 30% de nuestras exportaciones totales.
Tenemos una cartera de 49 proyectos por US$ 60,000 millones de inversión. Considerando la expansión de algunas minas que actualmente están operando y que algunos proyectos importantes puedan adelantar su puesta en marcha, así como los proyectos paralizados por conflictos sociales Tía María y Conga, en esta década, la renta minera se puede triplicar respecto a la década pasada no solo por el mayor volumen de exportaciones, sino además por los altos precios de los metales que, según proyecciones duplicará su valor en la década que se inicia.
La tarea fundamental es cómo aprovechar estos ingresos para cerrar las brechas, si el Estado no está en capacidad de hacerlo, que una autoridad autónoma se encargue de ello.
Las ideologías anacrónicas y obsoletas no deben poner en riesgo a millones de peruanos. El gobierno de Castillo-Cerrón ha empezado a hacer quebrar la economía nacional, después que tanto esfuerzo costó en las dos últimas décadas recuperarla.