Los retos de Hudbay

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Vicepresidente y gerente general de Hudbay en Perú, Cashel Meagher.
Vicepresidente y gerente general de Hudbay en Perú, Cashel Meagher.

La creación del Senace y la aplicación de la Ley de la Consulta Previa son elementos que la canadiense Hudbay, operadora del proyecto Constancia en Cusco, ha incorporado en su gestión. Su vicepresidente y gerente general de Perú, Cashel Meagher dijo a ProActivo que proyectan ampliar sus inversiones en el país debido al importante atractivo geológico que posee.

Hudbay Minerals, sigue levantando capitales para nuevas adquisiciones mineras, informó Cashel Meagher.

Al respecto dijo que esperan colocar mayores inversiones en Sudamérica y particularmente en Perú, dado que encuentran favorable el clima de negocios en el país y destacó la ampliación de su proyecto Constancia, “tenemos mucho negocio por delante”, precisó.

Constancia y las comunidades

Director de Asuntos corporativos y Responsabilidad Social, Nino Coppero.
Director de Asuntos corporativos y Responsabilidad Social, Nino Coppero.

Por su parte, el director de Asuntos corporativos y Responsabilidad Social, Nino Coppero, señaló que por el momento, debido a que no se tiene un listado claro de las comunidades de la zona (donde operan), la Ley de la Consulta Previa no es aplicable. “Nosotros lo tomamos de esa manera, no esta claro aún”.

Aclaró, “el día que sea aplicable y que haya que hacer la definición nos preocuparemos del tema y veremos cómo lo resolvemos”.

Sobre el tema del Senace, refirió que por las consultas hechas a diversos funcionarios, calculan que la ley estará en aplicación en unos dos años, con lo cual no ven un riesgo para Constancia ni para la implementación de Pampacancha (ampliación de la mina) con el tema del Estudio de Impacto Ambiental ni con la modificación del mismo que preven hacer para poder incluir Pampacancha en operación a partir del año 2016.

Pagos por tierras

Con respecto a los precios de las tierras diferenció las hectáreas para temas mineros y para aquellos que no los son, tales como para el reasentamiento, debido a que tendrán que trasladar a 36 familias de la comunidad Chilloroya.

Agregó que para el pago de tierras que no son para usos mineros, dijo que pagan entre mil y dos mil dólares por hectárea.

“En el caso de haber un fin minero, sí hay un componente adicional”, refirió.

En el caso de nosotros con la compra de Chilloroya (tiene fin minero) pagamos entre 4 mil y 5 mil dólares por hectárea. Es lo que pagado por las 750 hectáreas en Chilloroya, anotó.

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