CCL: Cuatro proyectos mineros por US$ 1.402 millones le seguirían a Tía María
ProActivo
Tras la decisión del Gobierno peruano de otorgar la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María a Southern Peru, su relevancia -más allá del tema económico- es que abre las puertas para otras inversiones mineras y energéticas en nuestro país, entre ellas cuatro proyectos mineros se podrían sumar este año, afirmó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“Para este 2019 se tenía previsto el inicio de la construcción de seis proyectos valorizados en US$ 3.442 millones, incluido Tía María (US$ 1.400 millones); sin embargo, en este grupo el proyecto de Lagunas Norte fue suspendido. De esta manera, aparte de Tía María, solo cuatro quedarían en carrera y representan inversiones por US$ 1.402 millones”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep de la CCL.
Cabe resaltar que en abril de este año Barrick Misquichilca S. A. decidió suspender la ampliación de la mina de oro Lagunas Norte que tenía prevista una inversión de US$ 640 millones.
Entre los cuatro proyectos que todavía esperan iniciar construcción este año -según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM)- se encuentran la Ampliación Santa María de Minera Poderosa S.A. (US$ 110 millones), la de plata Corani (US$ 585 millones) de la canadiense Bear Creek, la de cobre Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones) de Glencore y la de zinc Ampliación Pachapaqui (US$117 millones) de International Consolidated Minerales (ICM).
En tanto, otros 16 proyectos no mineros esperan adjudicarse este año a través de ProInversión por un monto total de US$ 2.466 millones. Aquí destacan el Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 540 millones), Masificación del Uso de Gas Natural para el Centro y Sur del Perú (US$ 400 millones), entre otros.
Sectores beneficiados
Peñaranda recalcó que para hacer realidad el proyecto minero Tía María se debe ejecutar y mejorar las vías de acceso y salida considerando que la producción minera será para la exportación, lo que requiere conexión con el puerto de Matarani.
“La inversión privada es aproximadamente 20% del PBI, es decir, US$ 40.000 millones. La inversión total de Tía María, que se daría en cuatro años, es apenas el 0,04% del total. Pero, al iniciarse el proyecto jalaría inversión adicional en otras actividades”, explicó.
En ese sentido, los sectores con mayor beneficio serán la industria (producción de maquinaria y equipo ligero), construcción (vías, vivienda, centros de salud, etc.) y servicios (ingeniería, consultoría, etc.). Incluso, añade, habría mayor actividad en el sector comercio de la localidad.
Empleo con Tía María
En cuanto a la generación de empleo, se espera la contratación de 3.600 personas en la fase de construcción y de 600 personas en la fase de operación. “Se ha calculado que por cada puesto de trabajo que genera la actividad minera se abren oportunidades de empleo para otras seis personas en los principales sectores económicos”, agregó el director ejecutivo del Iedep.
Si bien se espera que la inversión global de Tía María ascienda a US$ 1.400 millones -lo que representa aproximadamente 0,5% del PBI actual-, Peñaranda aclaró que dicha contribución se daría en los próximos cuatro años, durante todo el periodo de construcción de la mina que iniciaría este año y terminaría el 2022.
Indicó que este proyecto hacia el exterior, da el mensaje de que en el Perú funciona y se respeta el imperio de la ley, puesto que se ha cumplido con todos los requisitos que exige la normatividad peruana. “La estabilidad y predictibilidad jurídica es fundamental para atraer inversiones”, puntualizó.
Finalmente, señaló que los proyectos mineros enfrentan diversos problemas que devienen del entorno internacional y local. Una de ellas es el precio internacional de los minerales que puede alentar o desalentar las inversiones. “Entre los factores locales habría que superar la presencia de los conflictos sociales, la carencia de infraestructura, las barreras burocráticas y los procesos administrativos complejos de la administración pública”, anotó César Peñaranda.