ProActivo | El cambio climático ya no es una proyección al 2050; son puentes caídos, operaciones paralizadas y poblaciones aisladas hoy. Los líderes del sector energético e industrial lanzaron una dura advertencia: de nada sirve que las empresas reduzcan sus emisiones corporativas si la burocracia estatal, la persecución al sector formal y el «secuestro» de datos técnicos impiden adaptar la infraestructura del país frente a los inminentes desastres naturales.
La narrativa corporativa de lo que se llama «agenda verde» chocó de frente con la realidad territorial del Perú. Durante la Sesión de Medio Ambiente de los Premios ProActivo 2026, los altos ejecutivos de las principales industrias extractivas y manufactureras del país dejaron de lado los discursos diplomáticos para exponer una crisis operativa urgente: el Estado no está respondiendo a la emergencia climática.
Bajo la conducción de Rafaela Delgado (Ardel), el consenso fue claro: la industria formal avanza a contrarreloj para descarbonizar sus procesos, pero está chocando contra el muro de un aparato estatal vaciado de talento y desconectado de la urgencia geográfica.
El fin de la agenda verde de escritorio
Mientras el debate global se centra en la mitigación (reducir el CO₂), el sector privado peruano exige virar urgentemente hacia la adaptación. Fabiola Sifuentes, vicepresidenta de Planificación y Estrategia Ambiental en Antamina, fue tajante al señalar que ninguna eficiencia interna salvará a una operación si su entorno se derrumba.
«No sirve de nada que trabajemos solamente en la casa si afuera comienzan a colapsar todas las infraestructuras o no hay infraestructuras, que es lo peor y ese es el dolor mayor que tenemos. Y ahí tenemos las paradas de las operaciones, finalmente el stop del negocio y la afectación en la calidad de vida», advirtió Sifuentes.
La ejecutiva remarcó que la inacción preventiva del Estado genera poblaciones «molestas» que terminan bloqueando las vías. «La forma para que la gente vea que estamos conectados […] es atender antes de la emergencia y atender durante la emergencia», sentenció.
En ese sentido, pidió el trabajo conjunto para adaptar las cuencas, las infraestructuras, las vías públicas y los puentes, que cuando hay lluvias intensas colapsan y paralizan vías principales, afectando la calidad de vida de las personas y la continuidad de los negocios. “Eso es trascendental y requiere acción inmediata. No estamos hablando de la gran ciencia”, afirmó.
Burocracia ciega y el «secuestro» de la ciencia
Uno de los puntos más críticos del debate destapó la ineficiencia en el manejo de la data pública. Lejos de las visiones altruistas, Cecilia Rabitsch, Chief of Social Affairs y Sostenibilidad de ENGIE Perú, aterrizó la sostenibilidad como un principio termodinámico de supervivencia financiera y operativa, y disparó contra el absurdo burocrático de duplicar estudios por la falta de un sistema estatal abierto.
«Queremos limpiar un poco el concepto de sostenibilidad, que se ha romantizado en algún momento… La sostenibilidad es un concepto de operaciones», precisó Rabitsch, para luego ilustrar la traba regulatoria: «Que no tengamos que hacer 40 estudios de impacto ambiental en el mismo lugar y estemos haciendo la captura del mismo murciélago, pobrecito, tantas veces, cuando en verdad con una sola pasada podríamos tener todos, la información abierta».
Esta denuncia fue avalada por la exministra del Ambiente, Lucía Ruiz, quien criticó que el Estado maneje la información climatológica como un monopolio comercial: «Yo no debería estar pagando la información de SENAMHI como en Chile […] aquí está todo como si la información fuera poder todavía y hay una falta de coordinación».
El doble rasero: persecución al formal e impunidad ilegal
El malestar del sector manufacturero y de construcción también se hizo escuchar. Julio Cáceres, director comercial de Grupo Gloria, expuso la asimetría regulatoria que asfixia a la inversión en un país con un 70% de economía sumergida (informal o irregular). Mientras las empresas formales buscan soluciones de energía térmica y coprocesamiento, el Estado dirige sus fiscalizaciones hacia quienes ya tributan.
«La OEFA nos visita permanentemente porque somos legales y a los ilegales no los visita… Nuestros legisladores legislan para los que somos formales. ¿Y quién legisla para el informal?… El que nunca tributa», denunció Cáceres.
Frente a la parálisis estatal —agravada por lo que Lucía Ruiz calificó como un Estado que «ha estado expulsando gente»—, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) emergió como un salvavidas para el desarrollo territorial.
«Nosotros somos unos convencidos, a pesar de que hay escépticos, de que el mecanismo de Obras por Impuestos está dando resultados. Ayer hemos puesto la primera piedra […] para la represa Casablanca; una cementera apostando […] en una obra que va a superar los S/ 160 millones«, reveló el directivo de Gloria.
El verdadero saldo final
El debate sepultó la idea de que los reportes de sostenibilidad se miden puertas adentro. Cáceres lanzó una definición final que reconfigura las exigencias para cualquier gran inversión en el país, afirmación que fue catalogada por la moderadora Rafaela Delgado como un «resumen perfecto»:
«El verdadero balance, el balance neto de una empresa de la que hablamos que es sostenible, se muestra cuando el crecimiento industrial se traduce directamente en la seguridad hídrica, el desarrollo social y la resiliencia climática dentro de su territorio». La pelota, ahora, está en la cancha de un Estado que tiene tres semanas (ante el próximo cambio de gobierno) para frenar la fuga de talentos y empezar a destrabar el país.
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