Más de cinco mil personas trabajando en la total informalidad. Decenas de menores de edad involucrados. Cerca de 25 kilos de oro extraídos cada semana. Al menos 18 muertos en los últimos años, cinco de ellos durante el 2015. Contaminación latente. Autoridades que se echan la culpa entre ellas. Dirigentes que acusan al gobierno central de su condición de ilegales. Y dinero, mucho dinero.
Los socavones y las minas de Chilca y Algamarca, en la provincia de Cajabamba (Cajamarca), reúnen todos los ingredientes para ser considerados un problema de índole ya regional. El Comercio recorrió estas zonas y pudo constatar que, casi sin ningún control, los mineros informales e ilegales siguen operando sin que nadie los detenga.
Nadie se hace responsable
A fines de mayo, dos jóvenes murieron en un socavón de La Chilca, un sector del centro poblado Chuquibamba, en Cajabamba. Hernán Franklin Bautista Huingo (22) y un menor de 17 años perecieron en el lugar, al parecer por la inhalación de sustancias tóxicas. Con ellos suman cinco los mineros que han muerto en lo que va del año en esta zona.
El Comercio
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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