El gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, expresó su enérgico y profundo rechazo a la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre promulgada por el Congreso de la República, y consideró que esta norma favorecería la deforestación de la Amazonía peruana.
Así lo afirmó durante la reuniónde trabajo del Parlamento Amazónico que se desarrolló ayer en la ciudad de Lima, en el marco del reconocimiento nacional que recibió la región San Martín por parte del Ministerio del Ambiente (Minam), por los avances desarrollados en la implementación de medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.
Grundel Jiménez mostró su incomodidad referente a la modificación de la ley mencionada, porque en la región San Martín, a comparación de las demás regiones amazónicas, se ha avanzado más en la mitigación del cambio climático y se viene trabajando con más intensidad a fin de obtener mejores resultados. “Estas determinaciones del Legislativo no hacen más que obstaculizar los proyectos a favor del medio ambiente, generando consecuentemente, el repudio de los pueblos de la Amazonía”, aseveró.
De igual manera el gobernador regional manifestó que la Ley aprobada por el Congreso no ha cumplido con los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, vulnerando sus derechos colectivos reconocidos por el Estado peruano y el Convenio 169 de la OIT. “Lo que promueve es afectar aún más los entornos de inseguridad de las personas defensoras de derechos de pueblos indígenas y derechos ambientales, debido a que se incrementarían los riesgos de las actividades ilegales que invaden territorios y causan deforestación”, subrayó.
Es preciso indicar que especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señalaron en un informe legal, que la modificatoria de la Ley Forestal promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques. Esta Ley se aprueba pese a que la deforestación en el Perú se ha incrementado en cerca de un 7%.
De acuerdo con la opinión legal de la SPDA, lo aprobado representa un retroceso en la gobernanza de los bosques, al vulnerar los derechos de los pueblos originarios y comunidades locales. Asimismo, representa un retroceso en la lucha contra la deforestación, pues la norma va en contra de las regulaciones ambientales nacionales e internacionales.
Cabe resaltar que la SPDA ya había presentado una opinión legal en agosto del 2022, advirtiendo sobre los posibles impactos sociales y ambientales que traería consigo la ejecución de la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, como fue planteada por el Congreso.
Por otro lado, autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) se han mostrado en contra de esta propuesta legislativa porque presenta el riesgo de afectar los bosques y las tierras forestales y de protección que forman parte del patrimonio de la nación.
Según datos del Ministerio del Ambiente (Minam), en 2020 la pérdida de bosques alcanzó una superficie mayor a 200,000 hectáreas y el 80 % de este territorio fue destinado para la agricultura y ganadería, pese a que no eran tierras aptas.