La minería peruana atraviesa un momento decisivo en el que conviven señales positivas de inversión con riesgos que podrían comprometer su desarrollo en el mediano y largo plazo, advirtió Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
El ejecutivo señaló que la estabilidad jurídica es un factor clave para sostener el flujo de capitales en el sector, especialmente en una industria intensiva en inversión y con horizontes de largo plazo. “Sin estabilidad jurídica, la inversión minera pierde viabilidad”, sostuvo en su columna del Semáforo Minero.
Ortiz explicó que iniciativas como la expansión de la unidad minera Toromocho, que contempla una inversión superior a US$ 700 millones, reflejan la confianza de las empresas en el potencial del país y su capacidad para ampliar la producción de cobre. Este tipo de proyectos, añadió, contribuye a consolidar al Perú como uno de los principales productores del metal a nivel global.
No obstante, advirtió que estos avances coexisten con desafíos estructurales. Entre ellos, destacó la expansión de la minería ilegal, que ha motivado la declaratoria de emergencia en varios distritos de Cajamarca. Según indicó, este fenómeno no solo representa un problema de seguridad, sino que también afecta la gobernabilidad, el ambiente y las condiciones para el desarrollo de la minería formal.
Concesiones mineras
A ello se suma la preocupación por eventuales modificaciones en el régimen de concesiones mineras. Ortiz alertó que cambios que afecten la predictibilidad normativa podrían poner en riesgo una cartera de inversiones estimada en más de US$ 63,000 millones, con impactos directos en el empleo, el canon y el desarrollo regional.
“El Perú tiene hoy una oportunidad concreta de consolidarse como proveedor estratégico de minerales en un contexto de transición energética, pero eso exige coherencia en las decisiones”, afirmó.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de avanzar de manera simultánea en la promoción de inversiones, el fortalecimiento de la institucionalidad y el control efectivo de la minería ilegal.
“El momento es favorable, pero las decisiones que se tomen hoy definirán si el país consolida su posición minera o pierde una oportunidad que no será permanente”, concluyó.