El Congreso aprobó una norma que modifica la regulación de la interdicción de la minería ilegal en Perú. La norma establece que la maquinaria incautada a los extractores de oro ilegales ya no será destruida, sino que será asignada a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo. El autor del proyecto es Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso por Madre de Dios, una región muy afectada por la minería ilegal.
El proyecto original planteaba que la maquinaria pasara directamente a las autoridades subnacionales, pero en el dictamen aprobado se incluyó al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) en el proceso. El proyecto fue aprobado con 84 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones.
Sin embargo, la norma fue aprobada pese a las observaciones de tres ministerios. El Ministerio del Interior señaló que el proyecto debería ser reevaluado considerando las advertencias de la Dirección General contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional del Perú. El Ministerio de Defensa mencionó que debería ser reformulado teniendo en cuenta las competencias asignadas al Pronabi. El Ministerio de Justicia afirmó que el proyecto “no era viable” y que desnaturalizaba los objetivos del decreto legislativo que busca proteger el medio ambiente y promover la seguridad ciudadana.
Los gobernadores regionales fueron los únicos que se pronunciaron a favor de la norma, ya que serán los beneficiarios de la maquinaria. Sin embargo, especialistas en minería advierten que esta medida representa un freno en la lucha contra la minería ilegal. Se señala que la norma favorecería a la minería ilegal y que atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de los operativos de interdicción.
Algunos expertos sugieren que, en lugar de asignar la maquinaria a los gobiernos locales y regionales, se debería fortalecer el proceso de formalización y mejorar la gestión de los recursos por parte de las autoridades locales.
La norma aprobada generó controversia debido a las observaciones de los ministerios y la falta de debate en el Congreso, donde se aprobó en solo media hora con la intervención de cinco parlamentarios. Aunque el proyecto aún debe ser remitido al Poder Ejecutivo, su aprobación en el Congreso genera preocupación en la lucha contra la minería ilegal en Perú.