Por: Víctor Gobitz, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Ad portas del Bicentenario de la fundación de nuestra República resulta necesaria y oportuna una reflexión acerca del rol que desempeña nuestra industria minera; con el propósito genuino de insertarla en la discusión acerca de los planes de desarrollo sostenible de nuestro país.
Contamos con un territorio extenso, que sólo alberga a menos del 0.5% de la población mundial; y tenemos contrastes geográficos muy marcados que han delineado nuestra historia, pero que a su vez nos permiten esbozar el potencial aún por desarrollar.
Dada nuestra dimensión poblacional, nuestro foco de crecimiento tiene que basarse necesariamente en una oferta exportadora de bienes y servicios de calidad; para este fin debemos alcanzar una educación pública de calidad, para más del 90% de nuestros estudiantes escolares; debemos implementar infraestructura pública que reduzca los costos de nuestra oferta exportadora y que a su vez integre los distintos pisos ecológicos de nuestro país; debemos promover actividades productivas con ventajas comparativas en relación a otros países, como se aprecia en: pesca, agro industria, textil, minería y forestal; e incentivar asimismo rubros de servicios donde destacamos a nivel mundial, como es el caso del turismo y la gastronomía.
A nivel macroeconómico hemos logrado estabilidad, lo cual nos permite mantener la calificación financiera de grado de inversión; seguir con un nivel de endeudamiento bajo en relación con la dimensión de nuestra economía; y con una apertura de mercados que fomenta la libre competencia y promueve el emprendimiento y la innovación.
Sin embargo, la pandemia desnudó nuestras principales falencias y amplió la brecha de ingresos y oportunidades para la mayoría de peruanos; con el 70% de la PEA inserta en una economía informal, nuestro Estado no contó con registros precisos para una asistencia financiera directa y oportuna; nuestra educación pública tardó en adaptarse al modo virtual impuesto por la crisis sanitaria y nuestros escolares han perdido casi 1.5 años de vida educativa; y en términos de salud pública, nuestras carencias nos llevaron a uno de los fallecimientos per cápita más altos del mundo, pero a pesar de ello, nuestro temple resiliente nos viene mostrando un programa de vacunación muy destacado por su cobertura y rápida ejecución.
Ante la crisis que aún enfrentamos, algunos pretenden agudizar una falsa dicotomía entre lo público y lo privado; cuando lo cierto es que ambos sectores son necesarios y complementarios. En ambos existe capital humano competente y con talento suficiente para aportar e influir en todos los aspectos donde aún mostramos carencias o bajos estándares. En suma, la solución de nuestra crisis será un esfuerzo conjunto y consensuado del sector público y privado.
Particularmente nuestra industria minera se desarrolla en zonas remotas y alto andinas, con escasa presencia del Estado e Índices de Desarrollo Humano (IDH) menores en comparación a zonas costeras; por su propia naturaleza es una industria con un enfoque de largo plazo; invierte en infraestructura pública, llámese: carreteras, líneas de energía eléctrica y redes de comunicación; y su orientación exportadora genera necesariamente una integración física entre zonas alto – andinas y zonas costeras.
Podríamos expresar el impacto económico de nuestra industria minera en términos de producción actual y futura, portafolio de proyectos, generación de divisas, pago de impuestos, encadenamiento productivo y generación de empleo directo e indirecto; sin embargo, también podría esbozarse desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de los desafíos o carencias que como país aún debemos afrontar.
Para ello, una pregunta provocadora sería cuestionarnos si la aspiración de una educación pública de calidad y el cierre de brechas en infraestructura se conseguiría sólo con una mayor presión tributaria para la industria minera. Me temo que no. Nuestro país requiere antes una planificación territorial consensuada; que la misma trascienda un mandato electoral; que priorice o secuencie el cierre de brechas; y que se base en sistemas de gestión de proyectos transparentes y efectivos. En síntesis, logrando una institucionalidad pública más robusta y madura. Por ello, la participación conjunta de los sectores público y privado, en esta meta nacional es significativamente más relevante, que restarles competitividad a los sectores productivos formales, vía mayor presión tributaria.
En dicho sentido, uno de los legados de nuestra industria minera sería maximizar la generación de valor a través del desarrollo pleno de nuestros bienes tangibles no renovables (metales) y de esa manera coadyuvar a financiar la generación de bienes intangibles para toda la sociedad: educación pública de calidad e institucionalidad madura.
Este compromiso ampliado le permitiría a nuestra industria minera ser reconocida por la sociedad peruana, en su rol de liderazgo; no solo por el aporte económico en términos de divisas, encadenamiento productivo y pago de tributos; sino sobre todo por su involucramiento propositivo en la búsqueda de la educación pública de calidad, en la planificación territorial (regional, provincial, distrital, comunal) y en la construcción de una institucionalidad pública madura que permita una secuencia virtuosa de inversión, asegurando sostenibilidad y bienestar para todos los peruanos.
A partir de lo anterior, lograríamos el consenso nacional respecto a que la promoción de la industria minera formal amerita ser parte de nuestra política de Estado.
Fuente: IIMP