Fuente: Gestión
El grupo de trabajo de minería planteó una hoja de ruta, que implica aumentar la certeza en la implementación del marco legal. Por ejemplo, en lo que se refiere a la Ley de Consulta Previa, asociar la minería con la defensa del agua.
Igualmente, los empresarios mineros apoyan la iniciativa de la ANA, a fin de económico y humano generando oportunidades de capacitación y empleo. Por último, se comprometieron a vigilar la competitividad de la minería.
Ernesto Balarezo, CEO de Gold Fields La Cima, resumió en cuatro áreas claves el plan de acción: ambiental, promoción del desarrollo, agua y lucha contra la minería ilegal. Es así que este grupo del sector minero se comprometió a identificar cinco pasivos ambientales y realizar estudios técnicos para remediar los mismos. También propuso acercar la conectividad a diez centros poblados, a través de Internet, para que sea usada por plataformas educativas.
Uno de los temas más importantes fue el compromiso de financiar un estudio del uso del agua en tres sub-cuencas del país.
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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