“El MEM o la PCM con la ONDS debe reestructurarse con más recursos y autoridad para liderar el sector” (Foto referencial/Andina)
Por Valentín Choquenaira
Una pregunta que me hacen con frecuencia es qué hacer con los conflictos sociales, dado que importantes proyectos mineros están detenidos por este motivo.
Lo cierto es que para que germinen y desencadenen los conflictos sociales hay intereses opuestos que no han sabido entenderse y tratarse a tiempo con éxito, pretender imponerse desde la Empresa, el Estado o la Comunidad mediante el uso del poder o la violencia solo profundiza más el problema, no lo resuelve.
Lo recomendable es buscar las causas de manera consciente y autocrítica sea en el Estado, la empresa o la comunidad, porque conociéndolas tempranamente, en su etapa de maduración, podrá aplicarse planes de prevención para evitar estos conflictos o transformarlos en oportunidades de desarrollo conjunto. De lo contrario, pasará el tiempo mientras se culpa al otro, distrayendo tiempo y recursos en mesas de dialogo post conflicto para apagar incendios que probablemente se repetirán por las mecidas temporales que incluso no se cumplen y no atacan el fondo del conflicto.
Los proyectos mineros están paralizados por temas sociales y para resolverlos está claro que habrá que actuar de manera diferente. Si el gobierno del presidente PPK actúa de la misma manera que la gestión pasada, se obtendrán los mismos resultados profundizando aún más la conflictividad del sector que pusieron a la minería en tela de juicio, aunque es la principal actividad económica para nuestro país. Nada indica que con el cambio de gobierno los conflictos sociales desaparecerán automáticamente. Lo esencial es cambiar el rumbo y adecuarse a la nueva realidad con estrategias y acciones concretas.
Ocho medidas para destrabar las inversiones mineras
- Desde el MEM, implementar una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para el sector extractivo, con planes específicos de gestión social y prevención de conflictos, cuyas directrices y normas sirvan a las empresas como guía y herramienta de gestión uniforme para trabajar de manera económica, social y ambientalmente responsable. Estas estrategias deben estar integradas con los otros sectores del Estado.
- El MEM o la PCM con la ONDS debe reestructurarse con más recursos y autoridad para liderar el sector; el Ministerio del Ambiente u otros sectores no debe mostrar gestión paralela y muchas veces opuesta al desarrollo minero. Somos un país en desarrollo que requiere inversión y fuentes de trabajo, no podemos darnos el lujo de autoimponernos estándares de calidad ambiental más exigentes que los países desarrollados.
- Las empresas deben integrar la RSC en sus estructuras estratégicas de gestión para asegurar su buen relacionamiento y su performance de manera responsable, consciente y coherente para la prevención de los riesgos medioambientales y sociales, así como mostrar evidencias reales de su compromiso con el desarrollo local para asegurar el éxito de su inversión, mejorando la imagen y reputación de la minería; integrando a toda la organización en estos objetivos.
- Construir el entendimiento colectivo de la importancia de la minería desde la estructura curricular educativa como política del Estado, en el corto y mediano plazo. El país debe entender que somos un país que con sus recursos minerales podemos diversificar e impulsar el resto de las actividades económicas como la agricultura, industria, servicios, etc.
- El Estado debe mostrar compromiso real para el desarrollo de las zonas olvidadas donde se encuentran los yacimientos mineros. Desde la atención de necesidades básicas como la educación, la salud, la infraestructura vial y el impulso de la actividad económica como la ganadería o agricultura, de manera proactiva, sin necesidad que estas se ejecuten como resultado de paralizaciones o protestas. Las comunidades locales aprenderán en los hechos que el Estado es aliado de su desarrollo y no un ente puramente represor. Recuperar la autoridad de un Estado ausente a la fecha es un tema de vital importancia.
- Simplificar la tramitología que hoy pasa por más de 240 autorizaciones en más de 14 instancias administrativas de gobierno, lo riguroso no implica exceso de burocracia.
- Desde el Estado actualizar un plan estratégico de la política minera de mediano y largo plazo para desarrollar la minería, gestionando el sector con gente experimentada e idónea, salida de la misma industria.
- Aprender de los errores como oportunidades de mejora de nuestra gestión social y empresarial, reconocer y valorar las buenas prácticas del sector para enganchar el involucramiento positivo y temprano de la comunidad, potenciando acciones de respeto a la cultura local, cumplimiento de compromisos y construcción de la credibilidad y confianza como valores que no pueden ni deben posponerse.