El futuro del proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia arequipeña Islay, está en riesgo no sólo por las amenazas del gobierno actual de cancelarlo sino por errores que habría cometido la compañía de capitales mexicanos.
El 29 de diciembre de 2020, Southern Perú, propietaria del yacimiento, perdió la concesión definitiva de “Vania”, predio de 200 hectáreas, donde se ubicará la planta procesadora de mineral. Ahí llegará el cobre en bruto y, mediante un proceso de lixiviación, se convertirá en láminas, listo para la exportación. Vania es una empresa minera que tenía un pedazo de esa área y que se sobreponía al proyecto de Southern. Después de una larga batalla judicial, Vania cedió la propiedad a cambio de una compensación económica.
Justamente el Ministerio de Energía y Minas, a través del Consejo de Minería, revocó dicha concesión mediante la resolución N° 491-2020. Se argumenta que la empresa no pagó el Derecho de Penalidad de Vania durante el 2017 y 2018. La medida pone en riesgo la licencia de construcción otorgada a la minera en julio de 2019.
De no contar con el terreno para su planta, la minera debe reformular la ubicación de su planta. Ello implicaría volver a tramitar su licencia e incluso el Estudio de Impacto Ambiental.
El pago de Penalidad es una obligación legal de todos los titulares de concesiones que no realizan actividad.
El Consultor de la Cámara Minera del Perú, César Montes de Oca Dibán explica que, según la normativa minera del país, todas las empresas con concesiones que cumplan 10 años sin operación, tienen la obligación de este pago anual. Si el abono no se cumple por dos años consecutivos, la autoridad minera procederá a declarar la caducidad del derecho minero. En el caso de Southern, debía pagar US$ 2,400 (US$ 1200 por año) por “Vania”.
Batalla legal
El golpe legal para Southern llegó desde el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET el 25 de febrero de 2019. El ente, a través de la Resolución de Presidencia N°467-2019-INGEMMET/PE declaró, la caducidad de la concesión Vania en primera instancia.
Southern trató de revertirla. El 21 de marzo de 2019, interpuso un recurso de revisión ante el INGEMMET, el mismo que fue derivado el 17 de mayo de ese año al Consejo de Minería. El caso fue visto recién en audiencia el 20 de noviembre de 2020. La razón de la dilación del fallo fue que Southern, buscando revertir la sanción, jugó otras cartas.
El 5 de marzo de 2019, la minera solicitó ante la Dirección General de Minería (DGM) la exoneración de la obligación de la producción y del pago de penalidad de “Vania”. La ley minera considera el eximir el pago solo en casos de “fuerza mayor”. Southern argumentó que producto del conflicto social en el Valle de Tambo su concesión no tiene actividad. La DGM declaró improcedente el pedido. Argumentaron que la minera posee otras concesiones colindantes en las mismas condiciones, que sí cumplieron con sus obligaciones, por lo que el argumento fue descartado.
Ese mismo día, de forma paralela, solicitó la acreditación del pago por penalidad de los años 2017 y 2018, adjuntando boletas (US$ 1200 cada una), que fueron abonadas el 4 de marzo de 2019. No obstante, al haberse presentado fuera de plazo, la estrategia no prosperó.
Argumento
En su argumentación por el “no pago”, la minera refiere que nunca fue notificada del procedimiento administrativo por lo que denunció afectación del debido proceso. Durante la vista del caso, se demostró que sí hubo notificación.
Otra justificación de Southern es que, en el Padrón Minero Nacional de 2017, un documento público del INGEMMET, donde anualmente figura el pago que deben hacer los titulares de concesiones, consignó como monto pendiente la cifra “0”, por lo que no habría obligación de pago. El argumento fue desestimado por el Colegiado que revisó el caso pues sí figura un código del monto a cancelar.
La concesión Vania estuvo en manos de Nicolás Belfiori Nicoli entre el 14 de mayo de 2014 hasta el 6 de abril de 2018, Southern se convierte en el titular de la misma a partir del 7 de abril de ese año, heredando activos y pasivos, por lo que la omisión en el pago sería una “negligencia”. En ese contexto, el colegiado del Consejo de Minería declaró infundado el recurso de revisión y ratificó la sentencia del INGEMMET. El 23 de abril de 2021, este ente recibió la sentencia y la disposición de hacerla cumplir.
La única salida es la judicial
La pérdida de la concesión de Vania resulta paradójica para Southern. La empresa batalló durante años con el titular de esta sociedad minera, para obtener la titularidad de la misma. No contar con el predio impedía que el proyecto obtenga la licencia de construcción.
Belfiori denunció que Tía María se superponía a sus terrenos. Finalmente tras 3 años de litigio, Southern le compró la concesión a US$ 1.5 millones.
Montes de Oca explica que la única salida para Southern es acudir al Poder Judicial e impugnar la caducidad. No obstante, puede interponer una medida cautelar para evitar que un tercero, como ocurrió con Vania, obtenga la concesión. La ley, impide que Southern adquiera nuevamente la concesión como “castigo” por no haber cumplido con sus obligaciones.
Fuente: La República