Alicia Abanto

—Esa institución advierte que el principal problema es la falta de acuerdos entre los titulares de las concesiones mineras, los dueños de las tierras y los mineros informales.

Faltando casi un mes para concluir el plazo dado a mineros que operan al margen de la ley para que cumplan con los requisitos para su formalización, la Defensoría del Pueblo advirtió que aún existen problemas pendientes de resolver para poder incorporar a la formalidad, a más de 200 mil personas que se dedican a esa actividad.

El escollo principal es lograr acuerdos y la consiguiente firma de contratos entre los titulares de las concesiones mineras, los dueños de los terrenos donde estas se ubican, y los mineros informales que operan en esas zonas, afirmó Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la institución.

Exigencia

Ese acuerdo contractual, recordó, es necesario para que los citados mineros puedan presentar su Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que es uno de los requisitos que se les exigen para su formalización.

Hasta hoy, apenas hay siete IGAC aprobados en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,Huancavelica y Puno.

En otras zonas donde también hay minería informal, hasta el momento no se han presentado estos instrumentos, por falta de los mencionados acuerdos, precisó.

Sin resolver

La representante de la Defensoría del Pueblo observó que hasta ahora no hay una receta por parte del Estado, de cómo resolver este aspecto, pues básicamente los mineros informales operan en propiedad ajena, y no se pueden expropiar las tierras a favor de estos.

Además, si bien hasta hoy hay 70,958 compromisos de los mineros para formalizarse, aún existen miles que están fuera de esta lista, incluyendo aquellos que operan en áreas protegidas, aseveró. Por el lado del Estado, una dificultad es la falta de personal suficiente para otorgar los certificados de no existencia de restos arqueológicos (CIRA), pues solo hay 14 arqueólogos disponibles en el país para poder otorgar ese tipo de documentos, afirmó.

Falta aliarse a gran minería

El director del IPE, Roberto Abusada, cuestionó que el sector de la gran minería no comprenda que puede tener como un aliado a la pequeña minería.
“Si por ellos (la gran minería) fuera, harían desaparecer a los pequeños mineros, que se estima llegan a 200 mil en el país, y que han resuelto por ellos mismos un problema social”, anotó. En tal sentido, planteó al Estado estudiar más el tema antes de dar normas, y regular de manera intensa la actividad que hoy es informal, para que no se afecte el medioambiente, bajo el principio de que tenemos una gran riqueza minera por explotar.

Gestión