Gonzalo Tamayo, ministro de energía y minas
Uno de los motores del desarrollo económico del país es la minería. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, afirmó que una de las principales medidas para reactivar la industria es priorizar la ejecución de importantes proyectos de gran repercusión social.
¿Cuáles han sido las principales acciones del Gobierno en este primer año de gestión en beneficio de la minería?
Diría que en el primer semestre del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (segundo semestre de 2016) se trabajó intensamente en recuperar la confianza de las comunidades en las relaciones entre el Estado, las industrias extractivas y la población.
Nos hemos dedicado activamente a cumplir con los compromisos asumidos con las comunidades.
Para ello, propiciamos un acercamiento con la población en un trabajo articulado entre los ministerios de Energía y Minas (MEM), Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Agricultura y Riego (Minagri) y Transportes y Comunicaciones (MTC).
Esta iniciativa evoluciona en la lógica del Fondo Social y en la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros de crear el viceministerio de Gobernanza Territorial, cuya función será monitorear y buscar soluciones a los conflictos sociales en el país. Además, este viceministerio se encargará de los temas de descentralización y de la organización territorial.
Esta ha sido una primera etapa que nos permitió trabajar en la identificación de las restricciones y limitaciones en la ejecución de aquellos proyectos próximos por desarrollarse, relacionados con el cumplimiento de trámites en distintas entidades del Estado.
En el aspecto normativo, ¿cuáles han sido los avances en el sector minero?
En este tema hemos promulgado un nuevo reglamento para la exploración minera, el cual busca simplificar los procesos para el desarrollo de proyectos en este campo, mientras apoyamos los que están próximos en salir.
En ese contexto, en febrero de este año participamos en la convención anual de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), que coincidió con la calificación del Perú como el país más atractivo de América Latina para la inversión minera.
Esta denominación nos obliga a impulsar el desarrollo de proyectos medianos. Así, el proyecto Corani (Puno) iniciará su construcción este año; Mina Justa, ubicado en Ica, lo hará en el 2018, al igual que Quellaveco (Moquegua). Sabíamos que la inversión minera en 2017 iba a decrecer, porque venimos de niveles muy altos de inversión.
Por tal motivo, nuestro objetivo es que la inversión minera en el próximo año comience a recuperarse con base en el desarrollo de estos proyectos, así como a partir del nuevo Reglamento de Exploración Ambiental y a la recuperación de la confianza.
¿Qué otras iniciativas comprende la recuperación de la industria minera en el país?
Hemos definido planes de desarrollo para Cotabambas (Apurímac), Espinar y Chumbivilcas (Cusco), que son zonas adyacentes a las principales carreteras que utilizan las minas del sur (Las Bambas, en Apurímac; Constancia y Antapaccay, en el Cusco) para la realización de sus operaciones.
Además, una de las primeras normas dictaminadas por el Congreso es aquella relacionada con la identificación de interés en el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Próximamente, realizaremos las últimas subastas para solucionar este problema.
¿Cómo impulsar el desarrollo de nuevos proyectos?
Para impulsar nuevos proyectos mineros, el MEM suscribió en noviembre de 2016 un Memorando de Entendimiento con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, que fomenta la cooperación entre ambas entidades para desarrollar nuestra industria minera.
Los beneficiarios son diversos megaproyectos impulsados por capitales chinos ya presentes en el Perú: Río Blanco, de Río Blanco Copper S.A. (2,500 millones de dólares); Pampa de Pongo, de Jinzhao Perú Mining (1,500 millones); Ampliación de Toromocho, de Minera Chinalco (1,300 millones); Ampliación de Marcona, de Shougang Hierro Perú (1,500 millones); El Galeno, de Lumina Copper (3,500 millones) y Explotación de Relaves, de Minera Shouxin Perú (240 millones de dólares).
Estos proyectos, sumados a la inversión en Las Bambas (10,000 millones de dólares), ya en operación, totalizan 20,540 millones de dólares. Desde el inicio del actual gobierno, se agilizaron las inversiones de nuevos proyectos mineros y se evitó la paralización de los que se desarrollan.
En este primer año del Gobierno, ¿cuáles han sido las acciones contra la minería ilegal?
Debo decir que todo el proceso de formalización impulsado por el gobierno anterior fracasó. En este caso, con las facultades delegadas por el Congreso, lo primero que hicimos fue establecer una nueva normativa legal para desarrollar una verdadera formalización minera.
Así, creamos un mecanismo distinto, más simple, basado en incentivos económicos que desarrolle, por intermedio del fondo minero que se encuentra en estructuración, una minería formal, éticamente responsable y amigable con el medioambiente.
Del mismo modo, se determinaron aquellas zonas en donde está prohibido desarrollar actividades extractivas.
En lo que va de este primer semestre, tenemos alrededor de 2,000 nuevos sujetos en proceso de formalización y creemos que este proceso seguirá avanzando.
DATOS
- La minería representa el 65% del valor de las exportaciones de nuestro país; y de todas las exportaciones mineras, el cobre constituye el 42.16%.
- La producción de cobre, registrada en 2.35 millones de toneladas en 2016, pasará a cerca de 3.1 millones en el 2021.
- El Perú es el país más atractivo para la inversión minera en América Latina, desplazando de esa posición a Chile, en el ranking 2016 elaborado por el Instituto Fraser.
- El entorno internacional favorable, asociado a mejores precios de los metales, impulsará una serie de proyectos mineros importantes en el país.
- El horizonte de precios de los minerales, sobre todo el del cobre, muestra una tendencia creciente y se estima que alcanzará los tres dólares por libra hacia el 2020.
Una minería rentable y ambientalmente responsable
El Gobierno promueve una minería moderna, rentable y responsable con el medio ambiente. Por ello, el MEM elabora normas que dinamizan procedimientos y regulaciones.
Así, el Decreto Legislativo Nº 1320, promulgado en enero pasado, reglamenta los artículos 40 y 41 de la Ley General de Minería, a fin de asegurar la continuidad de las inversiones mineras en un marco de seguridad jurídica y simplificación administrativa.
La norma modifica regulaciones aplicables a concesiones que no alcancen la producción mínima acordada; entre ellas, el plazo de caducidad (de 15 a 30 años), la escala de penalidad (que se incrementa en tramos de cinco años) y los montos mínimos de inversión requeridos para la exoneración de la penalidad.
Asimismo, se formuló el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera. La iniciativa incorpora modificaciones a la categorización de los proyectos según el estudio de impacto ambiental (EIA) aplicable, establece espacios de coordinación entre empresas y evaluadores durante el proceso de evaluación y sincera los plazos de los procedimientos de revisión de los EIA.
Otras normas planteadas son la modificación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Reglamento para el Cierre de Minas y el Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad.
Fuente: Andina