El debate inconcluso sobre el régimen laboral para jóvenes, conocido coloquialmente como ‘Ley Pulpín’, ha puesto a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en una posición de notoriedad inédita para un organismo de reciente creación (data del 2013). Uno de los temores de los críticos al nuevo régimen es que este pueda utilizarse de forma fraudulenta (por ejemplo, para despedir trabajadores y luego reemplazarlos con otros del nuevo régimen), por lo que la capacidad de la Sunafil para llevar a cabo una fiscalización inocente será puesto a prueba.
Durante el 2014, la Sunafil se ha dedicado a ponerse en marcha y comenzar un plan de crecimiento, que se expresa en las ocho intendencias regionales existentes a la fecha. En el 2015 se espera implementar siete intendencias más e incorporar 160 inspectores, con lo que el número total de estos ascendería a 560.
Para Germán Lora, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el éxito de la fiscalización laboral no sólo implica contratar más inspectores, sino también capacitarlos. El Ministerio de Trabajo tiene que desarrollar una gestión, y ello supone brindar a los inspectores conocimientos teóricos y prácticos de los temas laborales. A veces son los propios inspectores los que tienen interpretaciones que entorpecen o generan un conflicto, e inclusive hacen inspecciones reiteradas sobre el mismo tema.
Asimismo, el abogado laboralista resaltó que el inspector de trabajo no puede ser un abogado de los trabajadores, pues tiene que asumir una posición más independiente y equilibrada, y esta se consigue a través de la capacitación del personal.
“El ministerio tiene que dejar de ser una mesa de partes de los trabajadores, y fundamentalmente de sindicatos. El ministerio tiene que velar que el derecho laboral se cumpla y se tiene que actuar en base de gestión”, señaló Lora.
Durante el 2014, la Sunafil asegura haber realizado 40,000 inspecciones a unas 23,000 empresas. Para el 2016, su objetivo es estar en todas las regiones del país. Pero, antes de eso, su papel como fiscalizadora ya estará bajo escrutinio.
Semana Económica / La República