ProActivo | Alexandra Guaqueta, senior partner en Desempeño Social y Sostenibilidad Corporativa de la consultora global ERM, sostuvo que el Perú y América Latina en general tienen el reto de priorizar con urgencia una plena institucionalidad para generar un mayor desarrollo de la industria minera para que genere un gran impacto en el progreso socioeconómico de los países de esta región.
“Es un desafío, sobre todo para los países mineros, si es que quieren aprovechar el nuevo boom minero relacionado con la transición energética, el cual debe tener como principal sostén el fortalecimiento de las instituciones en el sector público; y quizás innovar en las alianzas público-privadas para poder destrabar las inversiones en el sector”, fundamentó en declaraciones a ProActivo.
Perú con buenas innovaciones
La analista destacó que el Perú ha sido un laboratorio de innovación en muchos temas relacionados al desarrollo minero, “de lo cual muchos países a nivel internacional podrían aprender”. “Pienso por ejemplo que Estados Unidos, dónde la minería está cogiendo un nuevo vuelo por las inversiones en cobre, níquel y litio, tendría mucho que aprender del Perú en la gestión social que desarrollan las empresas mineras en ese rubro y que han innovado con buenas prácticas”, acotó.
EITI y transparencia
Alexandra Guaqueta consideró que transitar por ese camino, requiere que las empresas mineras sigan una nueva o renovada gestión ambiental y fiscal, “y que los impuestos que pagan deban invertirse en el desarrollo de los países donde operan”, en concordancia con la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), programa diseñado para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas mineras o de petrolero a los gobiernos y entidades.
“Es importante saber traducir los pagos de esas empresas en el desarrollo para el bien común, sobre todo para las comunidades del entorno de sus operaciones”, subrayó.
Precisó que la institucionalidad involucra las capas a nivel nacional, provincial, distrital y el de las comunidades mineras debidamente organizadas. “En cada uno de estos niveles debe haber el apropiado entendimiento del contrato social de la minería. Si alguna de estas capas no entiende ese contrato por oportunismo propio, entonces no funcionará la fórmula”, advirtió.
Asimismo, agregó que en esas capas debe haber las competencias y las capacidades adecuadas para redondear una eficiente gobernanza en torno a la minería, para que haya una alineación común institucional para lograr un verdadero contrato social.
La corrupción no se resuelve solo con leyes
De otro lado, dijo que la solución a los problemas de corrupción solamente está enfocada a partir de la aplicación de leyes. “La verdad es que hay muchos de nuestros países en América Latina que tienen buenas leyes, cuando la incidencia de ese problema tiene que ver mucho con la (mala) conducta de las personas. De repente así no es (hacerlo solo a partir de leyes). La conducta hay que arreglarla de manera diferente. Puede que sea un problema cultural, de cultura ciudadana”, explicó.
Apuntó que la corrupción también es un problema de incentivos, y que en la India ha habido experimentos muy interesantes e innovadores para enfrentar severos problemas de corrupción y de cómo reducirla.
“Ellos encontraron fórmulas participativas comunitarias, donde todos se sentaban en la mesa y ahí ponían sus cartas sobre sus intereses, la inversión de los presupuestos y todos monitoreaban esa inversión. Entonces, no es un cambio de leyes, sino no de balances y chequeos y un cambio de cultura y de conducta. Pienso que para atacar a la corrupción, se puede innovar con intervenciones socioculturales, no solo con acciones legalistas”, argumentó Alexandra Guaqueta, Senior Partner Social Performance and Corporate Sustainability en la consultora ERM.