El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, exhortó ayer a dirigentes y ciudadanos de Cajamarca a poner de lado el uso de medios violentos durante sus manifestaciones contra los proyectos mineros, y que estos se traten bajo procedimientos legales y mecanismos de diálogo.
Afirmó que cualquier ciudadano tiene el derecho a manifestarse públicamente cuando consideren que sus derechos pueden verse afectados o amenazados, aunque aclaró que estos reclamos no deben violar los derechos del resto de personas.
«El ejercicio de este derecho es incompatible con todo acto de violencia, especialmente con aquellos que ponen en riesgo la integridad y libertad de las personas, la tranquilidad social y la propiedad”, subrayó.
Lamentó los hechos ocurridos la semana pasada en las inmediaciones de la laguna El Perol, donde un grupo de campesinos y ronderos que protestaban contra el proyecto minero Conga, destruyeron propiedad de la empresa Yanacocha.
De acuerdo a las investigaciones, un grupo de pobladores habrían participado en la destrucción de una antena de telefonía móvil, quemado una caseta de la empresa Yanacocha y privado de su libertad durante más de quince horas a un trabajador de la empresa Seguritas S.A.
Al respecto, Vega expresó su confianza en que el Ministerio Público esclarezca en plazos razonables la forma en que ocurrieron los hechos e individualizar a sus autores.
«La impunidad, en este caso como en otros, debilita a la autoridad pública, refuerza la idea errónea de que se puede recurrir a la violencia y deja sin sanción a los autores de los delitos», acotó.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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