Según cifras de la Cámara Peruana de Empresas Comunales (Capec), estas unidades económicas facturaron más de S/631 millones en 2022. Representantes del sector reclaman cambios en la legislación para poder contratar con el Estado.
Las escenas de confrontación y conflicto entre las mineras y las comunidades campesinas asentadas en las áreas de influencia directa se han ido disipando con el tiempo; por lo menos así ocurre en aquellas zonas donde ha entrado a tallar el modelo de las empresas comunales, que se han convertido en proveedoras de servicios y ejecutoras de proyectos de envergadura para dichas empresas. Su éxito es elocuente, tanto en cifras como en la instauración de un clima de confianza, diálogo permanente y respeto mutuo entre las partes.
“Tenemos que convivir, y para ello la empresa minera debe trabajar con responsabilidad medioambiental, cumpliendo los límites máximos y permisibles en los temas de agua, aire y suelo. Si eso se cumple, no hay resistencia, ya no queremos protestas, sino propuestas. A eso se le llama convivir en armonía; mientras se cumplan esos parámetros, no tiene por qué haber problemas, sino, más bien, sinergia de la población con la empresa minera”, sostiene Ángel Aylas, alcalde del distrito de Huayhuay, provincia de Yauli en la región Junín, y exgerente de la empresa comunal de Huayhuay.
Para Edson Rivera, gerente general de la Cámara Peruana de Empresas Comunales (Capec) —que agrupa a casi medio centenar de ese tipo de organizaciones a nivel nacional—, la clave de esta relación fructífera ha sido y es la confianza que se ha generado de las comunidades hacia las mineras, a partir de las experiencias de éxito en regiones como Pasco, Junín, Huánuco, Puno, Apurímac, Huancavelica y Lima Provincias, y que se traducen en un nivel de ventas que en 2022 superó los S/631,425 mil.
“Las empresas comunales están en crecimiento, son rentables. Ofrecen mayores ventajas que otras debido a que —al estar constituidas bajo la Ley General de Comunidades Campesinas— están inafectas de todo impuesto directo creado o por crearse que grave la propiedad o tenencia de la tierra, así como del Impuesto a la Renta; eso nos hace más competitivas. Las ventas están en crecimiento. Esperamos que para este 2023 lleguen a los mil millones de soles”, agrega Rivera, quien esta semana fue el expositor del foro “Empresas comunales como sinónimo de desarrollo de las comunidades campesinas”, que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
TRABAS NORMATIVAS
Allí también participó el director de la Capec, Roberth Robles, quien advirtió que, pese a las perspectivas favorables para estas unidades económicas, hay trabas en la legislación vigente que les impiden tener un mayor desarrollo. Una de ellas, reseñó, es que no pueden licitar para la ejecución de obras con el Estado, como sí están facultadas a hacerlo las empresas conformadas bajo la Ley General de Sociedades. Ello, dijo, a pesar de que tienen “capacidad técnica de respuesta y están preparadas en el tema ambiental y para el mantenimiento, construcción, explotación subterránea y transporte minero”, entre otras actividades.
“Las empresas comunales deben contratar con el Estado para la ejecución de obras, pero no nos dan esa posibilidad. Falta que se les incluya a través de una modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; hemos venido gestando el cambio de esa normativa”, indicó. A la fecha, sin embargo, el gobierno no ha atendido esta demanda que beneficiaría a miles de comuneros.
“Queremos que eso se modifique por principio de igualdad, equidad, uniformidad e imparcialidad porque todos tenemos que tener la oportunidad de realizar un trabajo; ese es el objetivo”, reforzó, por su parte, el burgomaestre de Huayhuay, Ángel Aylas, quien indicó que resulta contradictorio que ese canon minero que llega a los municipios para hacer obras no pueda favorecer a las empresas formadas por los propios comuneros sino a terceros foráneos que llegan, hacen las obras y se van.
Al respecto, el gerente general del IIMP, Carlos Diez Canseco, manifestó que las empresas comunales representan lo más profundo del Perú y desarrollan una actividad comercial importante con las compañías mineras, por lo que consideró “absurdo” que haya un impedimento legal para que los municipios las contraten, lo que impide que los recursos reviertan en favor de la economía de la comunidad. La solución a este impasse está en manos del Ejecutivo.
Sabía que
En las comunidades campesinas con empresas comunales, la cobertura educativa y el nivel de egresados del nivel secundario llega a un 100%.
Durante la pandemia no hubo mayor afectación a nivel laboral debido a que las empresas mineras priorizaron la continuidad del trabajo de los comuneros en la misma zona.
Fuente: Perú 21