Depósitos Químicos Mineros (DQM), antiguo proveedor de Doe Run Perú, está considerando la posibilidad de iniciar un arbitraje contra Perú por el monto de US$29 millones. Este reclamo surge a raíz de un laudo arbitral emitido este año por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) a favor de DQM. Según el laudo, Doe Run debe pagar a DQM por los servicios prestados en virtud de un acuerdo comercial de 2007.
El proceso arbitral se inició hace ocho años debido al incumplimiento del contrato por parte de Doe Run. DQM suministró servicios para la construcción de seis tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico, y el contrato fue vulnerado varias veces. La deuda acumulada ascendió a US$14 millones en 2015, y el laudo arbitral emitido en julio de este año exige a Doe Run el pago de US$14.3 millones más intereses y penalidades, totalizando US$29 millones.
Consultores A-1, actual liquidador de Doe Run Perú desde enero de 2022, es el principal obligado al pago según la decisión arbitral. Además, se indicó que Operadores Concentrados Peruano (comprador de la mina Cobriza) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) también tienen responsabilidades secundarias en el pago. Sin embargo, estas medidas cautelares han sido desatendidas por los obligados, según afirma DQM.
Adrián Simóns, asesor legal externo de DQM, señaló que están evaluando interponer un nuevo arbitraje, esta vez contra el Estado peruano, específicamente contra el Minem. Argumentan que se estaría incumpliendo el tratado de inversión con Noruega, que tiene una cláusula de solución de controversias, cuando el Estado peruano no brinda un trato justo y equitativo, como sostienen en este caso.
Richard Almerco, director legal de Consultores A-1, explicó que la deuda laboral tiene prioridad en el proceso concursal, y los fondos fideicomisados que se espera liberar en 2024 por US$20 millones se destinarán principalmente al pago de deudas laborales corrientes y concursales de aproximadamente 3,500 extrabajadores de Doe Run Perú.
La situación destaca la complejidad del proceso concursal de Doe Run Perú, que concluirá en 2024 después de 14 años. La liberación de fondos fideicomisados, que originalmente garantizaban la finalización de nueve iniciativas relacionadas con Proyectos de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), se prevé para 2024, y después de eso, no hay más recursos disponibles según Richard Almerco.
El desenlace de esta disputa y las posibles acciones legales contra el Estado peruano podrían tener implicaciones significativas para las partes involucradas y resaltan los desafíos en la gestión de conflictos en el sector minero y de recursos naturales en Perú. La decisión final sobre el nuevo proceso arbitral se tomará en enero del próximo año.