Baltazar Lantarón, gobernador regional de Apurímac.

Baltazar Lantarón, gobernador regional de Apurímac.

Ante la pasividad de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien sigue de brazos cruzados, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron, le exigió declarar en estado de emergencia el corredor minero sur para contener de alguna manera el impacto negativo que generará en su región la paralización indefinida de la minera Las Bambas.

“Las protestas de los comuneros de Chumbivilcas, el bloqueo del corredor y la actitud pusilánime de los negociadores del Ejecutivo están generado nefastas consecuencias económicas y sociales a Apurímac; por tanto, me veo en la imperiosa necesidad de solicitarle, frente a los conflictos sociales, la Declaratoria en Emergencia del Corredor Vial Apurímac, Cusco y Arequipa por 120 días”, detalló en un pronunciamiento.

Tardíamente, la premier convocó para hoy a los dirigentes de los protestantes, autoridades locales, a los empresarios y al gobernador de Cusco para dialogar en búsqueda de una solución. Sin embargo, no tuvo éxito debido a que los comuneros rechazaron su invitación.

En esa línea, el gobernador criticó a Vásquez y al Ministerio de Energía y Minas por aplicar “erráticos mecanismos de diálogo”, pues estos agravaron la situación de conflictividad, debilitaron el principio de autoridad del Estado y, además, los acusó de crear falsas expectativas a la población de Chumbivilcas.

DESEMPLEO Y CRISIS

El gobernador alertó que de continuar la paralización de Las Bambas se destruirá la economía de Challhuahuacho, principal distrito beneficiado de la actividad extractiva, y hará que “dentro de pocos meses se convierta en un pueblo fantasma”; lo que generará otro conflicto social.

“Esta paralización reduce la asignación de las regalías contractuales y el futuro pago del canon mineros partir del 2022 a los gobiernos subnacionales y a las universidades nacionales de la región”, detalló. Así, explicó, el perjuicio será de 2.5 millones de soles mensuales afectando a miles de familias apurimeñas.

Sobre el tema, el analista y excongresista de la región, Richard Arce, indicó que ya existen proyectos comprometidos por la “proyección respecto al canon minero del 2022″ para beneficio de los diferentes niveles de gobierno y para la Universidad Nacional José María Arguedas y la Universidad Nacional Micaela Bastidas.

“Se ha planteado la posibilidad de buscar una ruta alterna para movilizar los recursos mineros hacia el puerto de Marcona, involucrando a otras provincias de Apurímac y afectaría a la provincia de Chumbivilcas. No se debe llegar a ese punto, pero si es así, la responsabilidad recae en el presidente y Vásquez”, declaró a Perú21.

Fuente: Perú 21