Raúl Molina

Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial y experto en políticas públicas, aborda la problemática de la minería ilegal en el Perú y propone soluciones con un enfoque territorial en su libro “Desarrollo territorial y minería”. Destaca la importancia de priorizar el orden público en las zonas afectadas por la minería ilegal y critica la falta de propuestas realistas por parte del Estado para formalizar a los mineros.

Molina plantea que el desarrollo territorial, basado en un enfoque multidimensional y multiactor, es fundamental para combatir la minería ilegal. Señala que el Estado peruano ha sido el menos comprometido en este aspecto, especialmente en las zonas mineras, que han sido históricamente olvidadas.

Ver también:  Mineros ilegales secuestran a funcionarios de la gerencia de minas de La Libertad en Huamachuco

En cuanto al rol del sector privado, Molina sugiere que asuma un liderazgo temporal para impulsar el desarrollo territorial en las zonas de influencia minera. Destaca la necesidad de que las empresas mineras utilicen sus capacidades para catalizar el desarrollo y promover la convergencia de actores en torno a una estrategia de desarrollo territorial.

Respecto a la minería ilegal, Molina reconoce que existen diversas causas que la impulsan, como la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales. Propone políticas públicas que ofrezcan alternativas de vida a los pobladores, así como medidas temporales, como la compra de oro por parte del Estado, para facilitar la formalización de los mineros ilegales.

Ver también:  IIMP presenta libro: “Desarrollo Territorial y Minería”

En relación con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Molina advierte que no puede ser un instrumento indefinido y que debe estar enmarcado en una política integral de formalización. Sugiere reformarlo y complementarlo con otras medidas para diferenciar la minería ilegal de la formal.

En cuanto al papel del Estado, Molina enfatiza la necesidad de fortalecer su presencia en las zonas afectadas por la minería ilegal, tanto en términos de seguridad como de inversión en servicios básicos y desarrollo económico. Advierte que, de no abordarse adecuadamente, la minería ilegal podría convertirse en un problema inmanejable para la sociedad peruana.