Premios PA2021

Luis Miguel Incháustegui

Por: Luis Miguel Incháustegui, Gestor en temas estratégicos 

Desde la creación de la Ley de Canon Minero, su razón de ser era la necesidad de brindar a las autoridades de las poblaciones cercanas a las operaciones mineras la posibilidad de tener ingresos que les permitan resolver las necesidades que dichas poblaciones tienen, con el fin, de transformar dichos ingresos en desarrollo.

En primer lugar, se definió que el canon corresponda al 20% del impuesto a la renta, luego se incrementó al 50%, posteriormente, se mejoró la distribución del canon y luego al ver que las protestas continuaban y se produjo en el mundo un incremento en las cotizaciones de los principales minerales, en el segundo gobierno del presidente García se estableció el aporte voluntario, el cual ayudo, en parte, a resolver las grandes necesidades debido a que se estableció que la aprobación de los proyectos se tendría que da r entre los principales actores (gobierno regional, alcaldes y empresas) y estaba enfocado en mejorar el índice de Desarrollo Humano.

Posteriormente, entró un nuevo gobierno y canceló el aporte voluntario, creó nuevos impuestos (Gravamen Especial a la Minería e Impuesto Especial a la Minería) y modificó las regalías mineras, generándose una mayor recaudación: una parte se transfiere a los gobiernos regionales y municipalidades, y otra parte es administrada por el Gobierno nacional.

Todas estas iniciativas buscaban transformar todo lo recaudado en desarrollo y contribuir al cierre de las brechas que existen. Eso, lamentablemente, no se está logrando a la velocidad que se necesita. La minería será apreciada y valorada por la población cercana a la actividad cuando el cierre de brechas se produzca en un tiempo corto, las grandes necesidades de agua, saneamiento, electricidad, salud, educación e infraestructura y la generación de actividades diferentes a la actividad minera deben desarrollarse en el mejor tiempo posible. Sabemos que eso le corresponde realizar a las autoridades, sin embargo, también es conocido, por lo menos en los últimos 30 años que, con diferentes gobiernos, que el cierre de brechas no ha podido ser resuelto en el tiempo óptimo.

Frente a ello, como siempre, la pregunta es el cómo lo hacemos. El cierre de brechas puede ser un extraordinario ejemplo de valor compartido para la actividad minera. Imaginen, por un momento, si en el año 2015 las empresas mineras en el Perú hubieran brindado una asistencia técnica, de dos años, a los gobiernos regionales y locales, creo que, en el escenario más conservador, se hubiera podido ejecutar el 50%del saldo que actualmente existe (5,046 millones de soles) y se hubieran ejecutado las 294 obras de infraestructura paralizadas por la Contraloría en las ocho regiones en donde principalmente existe minería en el Perú.

Ahora en todos los sectores, no solo en el extractivo, se está reflexionando en torno a que el propósito de las empresas no solo tiene que ser un bonito eslogan, sino que tienen que enfocarse en mejorar la calidad de vida de su entorno y creo que una excelente herramienta para realizar eso es la estrategia de valor compartido.

Por todo ello, se deben aprobar las iniciativas que resuelvan el problema de fondo y que en el corto plazo se logre el cierre de brechas, ya que, de esa forma, se logrará avanzar hacia una minera sostenible.

Fuente: Gestión