Minera Raura

ProActivo | Erick Giovannini Freire, presidente del Comité de Seguridad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó que en los últimos 10 años soportan permanentes amenazas y riesgos, que se han incrementado debido a una serie de factores.

“En los últimos 10 años se incrementaron significativamente los conflictos sociales, actualmente existen 192 que generan efectos notorios contra la seguridad del sector privado”, afirmó Giovannini Freire en declaraciones recogidas por ProActivo.

Puso como ejemplo el caso del corredor minero del sur, bloqueado en reiteradas oportunidades por paros y bloqueos que significaron pérdidas inmensas e incremento de los costos de seguridad, porque las empresas deben invertir mayores sumas de dinero en la protección de los vehículos, protección de personal y dotar a las instalaciones de más dispositivos de seguridad.

Pérdida de autoridad genera inseguridad

El ejecutivo denunció que un factor que genera el incremento en los costos de seguridad, es la pérdida progresiva de autoridad, al tener un Estado que no asumió su rol promotor de la seguridad, lo que devino en el incremento de la conflictividad, proliferación de la delincuencia común y crimen organizado, obligando al sector privado a asumir plenamente los costos de su seguridad.

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“He sido testigo que, por órdenes políticas en muchos casos, la policía tuvo que replegarse o permitir el irrespeto de los manifestantes, que agredían los dominios públicos o privados, ocasionando sobrecostos en la seguridad de las empresas de diferentes sectores”, fundamentó.

Gobernadores y alcaldes contrarios al sector privado

Lamentó la existencia de diversas autoridades, como gobernadores regionales y alcaldes involucrados en graves delitos de corrupción y contrarios al desarrollo del sector privado.

“Aquí muy cerca de Lima, una de las plantas de energía en la zona de Chilca tiene gravísimos problemas, porque el alcalde rechaza a las empresas generadoras. En Chilca se genera el 45% de la energía que consume todo el país; pero a este señor, parece no importarle”, lamentó.

Giovannini Freire declaró también que otro factor que ha afectado significativamente la seguridad del país es la migración de venezolanos sin control ni restricción, y que ha ocasionado el incremento de la delincuencia común y del crimen organizado, con nuevas modalidades.

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“Otro problema obviamente ha sido la pandemia, que en el sector privado ha incrementado significativamente los costos de seguridad y específicamente en el minero energético y petrolero, debido a que se desarrollan en zonas remotas y que ha requerido  una logística especial para poder continuar con las operaciones”, apuntó.

Inestabilidad  política  abona las protestas sociales

Adiciono que otro factor para el incremento de los gastos de seguridad, es la creciente inestabilidad política de los últimos meses, que ha sido caldo de cultivo para los conflictos sociales.

“Los cambios de presidentes, cierre del Congreso y toda la turbulencia del proceso electoral vienen ocasionando importantes sobrecostos en los sistemas de seguridad. Esa situación provoca una inseguridad general en el país, pues no se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir y las empresas están haciendo escenarios de riesgos sobre lo que podría suceder, tomando medidas preventivas”, argumentó.

Ante esta situación, dijo que las empresas  como respuesta a la proliferación de nuevas amenazas y riesgos, se han visto en la necesidad de implementar sofisticados sistemas de seguridad preventivos y disuasivos.

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El soporte principal de economía peruana

En otro momento, destacó que el sector minero energético es el principal motor del crecimiento y desarrollo económico del país.

“La minería aporta el 10% del PBI, y bajo el marco del modelo económico de libre mercado de la Constitución del 93, el Perú ha experimentado un importante crecimiento en todas las actividades de la economía en los últimos 25 años”, anotó.

“En promedio el Perú creció 4.8% entre 1995 y 2019, lo que permitió la reducción de la pobreza en más de 20 puntos porcentuales, siendo los sectores que más contribuyeron a esta bonanza el minero, el petrolero y el energético”, subrayó.

Entre las diversas inversiones, están los megaproyectos, como Las Bambas, Camisea, el gaseoducto, las centrales hidroeléctricas de Cerro del Águila, con una potencia de más de 575 megavatios; y la de Chaglla, entre otros.

“La minería generó miles de puestos de trabajos directos e indirectos, el 60% del valor de las exportaciones, el 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados por impuestos”, puntualizó.