Fotos: José Sotomayor [Enviado especial] /Andina

Fotos: José Sotomayor [Enviado especial] /Andina

10 de Mayo del 2015 | Arequipa – La noticia de la muerte del brigadier de la policía, Alberto Vásquez Durand (51), atacado el miércoles por manifestantes que se oponen al proyecto Tía María, causó la indignación del Ejecutivo la mañana de ayer, justo cuando los ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; de Defensa, Jakke Valakivi; y de Justicia, Gustavo Adrianzén, coordinaban el ingreso de las Fuerzas Armadas para apoyar el resguardo de la población en Islay, al amparo de la Resolución Suprema N° 105105-2015-IN.

La referida norma, aparecida ayer en El Peruano, autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú a fin n de asegurar el control y mantenimiento del orden público y por espacio de un mes.

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, fue el encargado de trasmitir el pesar del gobierno a los familiares del policía y, responsabilizó del hecho a las “hordas dirigidas” por el dirigente Pepe Julio Gutiérrez, a quien consideró “un delincuente que utilizó a la población de Islay para su beneficio propio”, tras hacerse público un audio donde se le escucha que estaría negociando el fin de la protesta, a cambio de dinero.

A las duras expresiones de Adrianzén se sumó el titular de la cartera del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien dijo que los últimos sucesos en Islay demostraron la presencia de “delincuentes disfrazados de antimineros” que agreden a pobladores, atentan contra la propiedad pública y hieren a policías.

Desde Lima, Pérez Guadalupe explicó que de acuerdo a informaciones recogidas en la provincia costera de Arequipa, semanas antes del conflicto hubo personas ligadas a las protestas de Pichanaki que prepararon las manifestaciones .

“Tenemos información que han contratado gente de Puno y Cusco, los famosos huaraqueros de afuera y de la zona. Hay toda una estrategia antiminera. Lamentable porque las cosas se discuten. El país y el gobierno no van a tolerar una empresa minera que contamine”, indicó el ministro.

CALMA. Fue la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, quien puso la calma en el Ejecutivo e indicó que los ministerios del Interior y Defensa, estarán en la Islay “con la finalidad de que los niños regresen a clases y las madres puedan acudir a hacer sus compras en los mercado”.

En entrevista a una cadena de noticias de alcance nacional, Rosa María Ortiz dijo: Nosotros (el Ejecutivo) manifestamos nuestra entera voluntad de diálogo pero con gente que represente efectivamente a la población de la zona, consideramos que hoy por hoy esta dirigencias ha quedado, a raíz de los audios que se han hecho públicos, totalmente cuestionada”.

OPERATIVO. Al promediar las 10 horas de ayer, la delegación de ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; de Defensa, Jakke Valakivi; y de Justicia, Gustavo Adrianzen, llegó hasta Mollendo para sostener una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas en Arequipa, el delegado de Derechos Humanos Gustavo Adrianzen; el Director General de la Policía, general Jorge Flores; Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Ramos, entre otras autoridades.

La reunión se efectuó en estricto privado y duro cerca de cuatro horas. Luego la comitiva del Ejecutivo se dirigió a la base aérea de La Joya, para retornar a Lima.

Cabe señalar que al término de la cita se supo que acordaron reforzar la seguridad en tres zonas estratégicas: El puente Pampa Blanca en Cocachacra, el puerto de Matarani y la planta de Petroperú en Mollendo.

El resguardo estará a cargo del Ejército en el primer caso, la Marina en el puerto y la FAP en la base de Petroperú.

Además se informó que en conjunto serán dos mil los efectivos militares que estarán en la provincia, la mayoría de ellos provenientes de las bases castrenses del sur

Más temprano, el ministro de Defensa, Jakke Valakivi, aclaró que la intervención de las fuerzas militares no será para patrullar las calles, ya que su misión es respaldar la labor policial cuidando instalaciones estratégicas y servicios públicos esenciales como puentes y carreteras. “La intervención directa seguirá siendo de la Policía, como corresponde. Las Fuerzas Armadas darán el soporte necesario”, dijo Valakivi.

La Resolución Suprema, apunta que la actuación de las Fuerza Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridades personales, la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, la tranquilidad y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Agrega que esto no implica en modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales sobre los derechos humanos de los que el Perú es parte.

Sobre este particular, el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, sostuvo que no es la primera vez que las Fuerzas Armadas acuden en ayuda, pero el control sigue a cargo de la Policía Nacional.

“Las Fuerzas Armadas ayudaran al cuidado a servicios públicos y lugares estratégicos”, indicó a tiempo de precisar que para llegar a esta medida se analizaron todos los pormenores en varias reuniones con el resto9 de ministros y y los comandos militares.

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